Actualidad porcina 02/13

El sector porcino y su compromiso con las políticas energéticas del nuevo milenio.

 

 

Las sociedades actuales no podrían sobrevivir sin un adecuado abastecimiento energético; nuestra economía industrial se ha centrado en el uso de los combustibles fósiles y eso tiene un irremediable impacto al ambiente. Por el evidente retroceso de las fuentes tradicionales de energía, el aumento en los precios de los combustibles y la creciente demanda energética, la humanidad se enfrenta al fin de un modelo energético. En estas circunstancias, las energías renovables se presentan como parte de la solución, porque son una forma de generación sustentable y con infinitas reservas. Se estima que en el futuro millones de personas producirán su propia energía verde en sus casas, oficinas e industrias, lo que modificará los actuales paradigmas en una suerte de “democratización energética”.

 

Ahora, pensemos en nuestros desechos orgánicos como un instrumento para llegar a transformar, en el ámbito industrial, un problema grave, en la solución energética que el futuro de nuestro país y el mundo necesita.

 

Veamos estos cambios como la posibilidad de aportar nuestro grano de arena que es la base de toda esta transformación que hoy se nos plantea relacionada con el concepto de la reutilización y generación de nuevas energías. Ya no como una utopía posible a largo plazo sino como una realidad social y cultural en un escenario histórico inminente que nos compromete a todos en pequeña y gran escala.

 

Es así que consideramos que el sector porcino no debe ser un segmento al margen de semejante empresa ya que como uno de los rubros en el mercado de las carnes que más ha crecido en los últimos años en el país, su aporte y concientización en este sentido debe ser consecuente con las expectativas en el creadas.

 

En 2006 se sancionó la Ley Nacional 26190, que complementa la Ley 25.019 e incluye las energías eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica (de hasta 30 MW), la biomasa y el biogás de varios orígenes. La ley establece un objetivo: para 2016, el 8% del consumo eléctrico local deberá ser abastecido con fuentes de energías renovables. Instaura un régimen de inversiones con beneficios fiscales a la producción eléctrica renovable.



 

 

 

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